Artículo de Jorge Morales de Labra

En julio de 2009 el Gobierno hizo desaparecer la tarifa eléctrica. La realidad, sin embargo, ha cambiado poco para más de 20 millones de consumidores –aquéllos cuya potencia contratada no supera los 10 kW– que han pasado a estar acogidos a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR).

El cambio se justificó políticamente porque era necesario crear una tarifa para suministrar a clientes desprotegidos que fueran “maltratados” por las comercializadoras en el mercado libre que pasaban a ser las únicas que vendían energía.

Las grandes Eléctricas consiguieron expulsar de la TUR a las pequeñas (por aquel entonces había casi 300 pequeños distribuidores que vendían a tarifa en toda España), dado que el BOE (RD 485/2009, BOE 4/04/2009) designó a las cinco empresas de UNESA (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, EDP-HC Energía y Eon-Viesgo) como “Comercializadores de Último Recurso” (CUR) que son los únicos que están sometidos al régimen regulado de la TUR.

Naturalmente los damnificados (asociados en su mayoría a CIDE y a ASEME) recurrieron y recientemente –como ha recogido la prensa– el Tribunal Supremo les ha dado la razón.

Pues bien, la Tarifa de Último Recurso (TUR) se calcula como suma de tres componentes:

1. Las tarifas de acceso a redes (peajes), que son las mismas que deben aplicar los comercializadores en el mercado libre; 
2. El coste de la energía (lo que algunos denominan la parte “liberalizada” de la TUR); y 
3. El margen reconocido a los CUR.

El coste de energía de la TUR se calcula a partir de unas fórmulas relativamente sencillas publicadas en el BOE (Orden ITC 1659/2009, BOE 23/06/2009), por lo que el Gobierno tiene poco margen para actuar sobre él.

Por esta razón, la intervención política se ha centrado en la fijación de los peajes, de forma que se han subido y bajado sin planificación previa dependiendo de la evolución de los costes de la energía.

Este juego es muy peligroso porque de los peajes se deriva el famoso –y de cuantificación muy discutible– déficit de tarifa, dado que una bajada en los mismos no supone que las Eléctricas dejen de ingresar cantidad alguna, sino que el Gobierno reconoce la deuda y pospone su pago a largo plazo.

Hasta aquí lo más o menos conocido.

Lo que no lo es tanto es que la fórmula de cálculo de la TUR tiene dos componentes principales:

1. La estimación del precio medio aritmético del mercado diario –pool– y 
2. La estimación de una serie de coeficientes de ajuste de éste, derivados de aspectos técnicos.

Para la estimación del precio del pool se utiliza principalmente el resultado de una subasta celebrada unos 10 días antes del comienzo de cada trimestre, la conocida subasta de Compras de Energía para el Suministro de Último Recurso, “CESUR”.

El resultado de estas subastas es escandaloso, porque desde el tercer trimestre de 2009, cuando se puso en marcha la TUR, siempre han arrojado un precio superior al que luego ha resultado ser el precio del pool, esto es,

el precio de futuro siempre sobreestima el precio de contado. En general suelen sobreestimar el precio entre un 10 y un 20% aunque en una ocasión –primer trimestre de 2010– llegaron a superar el 50%.

En total, en los dos años de vida del sistema, el beneficio adicional derivado de esta diferencia de precios entre las subastas CESUR y el mercado de contado asciende a cerca de 1.100 millones de euros.

El Gobierno defiende el hecho diciendo que se trata de un “seguro” contratado a priori contra la subida futura del precio de la energía. Lo que no está claro es que si los consumidores conocieran su coste estuvieran dispuestos a pagarlo.

Algunas voces ya han denunciado esta parte, incluso se han filtrado a la prensa algunas informaciones que apuntan a bancos de inversión como los principales vendedores en la CESUR y, por tanto, principales beneficiarios de esta sobreestimación.

Sin embargo, no se ha publicado ningún análisis riguroso sobre el verdadero destino. Esto es, es claro que algunos agentes toman posiciones especulativas en la CESUR, vendiendo energía sin tenerla; pero antes o después tienen que cerrar su posición y, por tanto, comprar energía típicamente al que la produce. Casi ningún agente vendedor en la CESUR mantiene su posición abierta hasta el momento de entrega, sino que antes la compra a las propias Eléctricas que, inmediatamente, se convierten en cómplices necesarios de la operación –y de su beneficio–.

Pero resulta que sobre el segundo componente de la TUR: los coeficientes de ajuste, el escándalo no es en absoluto despreciable y, en algunos períodos, es aún mayor que el derivado de la CESUR.

En efecto, los citados coeficientes incluyen el denominado coeficiente por apuntamiento, que estima la variación entre el precio ponderado de la energía y el precio aritmético del pool.

Esto es, dado que el consumo de los clientes acogidos a la TUR no es plano, es previsible que el precio al que deben comprar las CUR no coincida con el precio aritmético, que es el que se fija a través de la CESUR. El coeficiente de apuntamiento se calcula a partir de valores del año anterior que pueden ser muy diferentes a los del año en curso.

Además de éste, se suman otros coeficientes como una estimación de los sobrecostes del sistema, esto es, los servicios técnicos para que el resultado del mercado sea técnica viable (claramente controlados por las Eléctricas que son los que los cobran), los pagos por capacidad –tan de moda estos días debido a la campaña de UNESA para aumentarlos sustancialmente en favor de las centrales de gas–, las pérdidas de energía en las redes y ¡hasta una prima de riesgo del CUR!

Este último merece especial atención dado que, mediante él, el Gobierno reconoce que puede equivocarse en los cálculos anteriores de modo que los precios sean finalmente superiores.

Para no hacer incurrir a las CUR en pérdidas el Gobierno les reconoce una prima de riesgo; pero lo grave es que si ocurre lo contrario, esto es, si los costes finalmente son inferiores a los reconocidos, las CUR no deben devolver el dinero.

El problema principal, por tanto, es que a las CUR se les reconocen a priori unos costes por el suministro de energía a precios regulados que luego resultan ser siempre superiores a los que realmente hacen frente.

La diferencia entre ambos no es en absoluto despreciable y acumula, tras dos años de funcionamiento, cerca de 1.400 millones de euros de sobrecostes para el consumidor.

Los resultados del primer trimestre de este año 2011 son especialmente clarificadores: el Gobierno subió la TUR en torno a un 10%, lo que supone unos 225 millones de euros de ingresos adicionales para el Sector al trimestre; la diferencia entre el coste afrontado por las CUR y el precio reconocido ha sido en ese mismo trimestre del orden de 275 millones de euros, de los cuales en torno al 30% se debe a la sobre estimación del precio del pool y el resto a los coeficientes técnicos.

El margen trimestral reconocido a las TUR es de unos 75 millones de euros al trimestre que se suma al obtenido por las diferencias de precios anteriormente descritas. Esto es,

en el primer trimestre de 2011 el beneficio de las CUR ha sido de unos 350 millones de euros: más de cuatro veces el previsto.

En conclusión, la subida de la luz del primer trimestre de 2011 no ha servido para aliviar el déficit de tarifa, ni para pagar las renovables, ni siquiera para las compensaciones del carbón. La subida ha ido directamente a las cuentas de resultados de las CUR que actúan en régimen de oligopolio por imposición del BOE.

La situación contrasta con la del Sector Fotovoltaico al que, además de culpabilizar de todos los males del Sector, se le ha dinamitado con un recorte de 185 millones de euros trimestrales que supone un 27% de sus ingresos y que, a pesar de ser calificado por el Gobierno como trascendental para “cuadrar” las cuentas del Sector, es ridículo en comparación con los beneficios adicionales de las CUR.